"Afro-brasileños, de la esclavitud a la pobreza", por Carlos Latuff
Con casi 500.000 presos, Brasil, un país de 190 millones de habitantes, posee hoy la tercera mayor población carcelaria del mundo, por detrás apenas de China y Estados Unidos. El número de reos aumenta exponencialmente desde 1990: un 450% más en dos décadas. Sin embargo, las cárceles no aumentaron su capacidad al mismo ritmo, dando lugar a un déficit de 200.000 plazas. Según el Departamento Penitenciario Nacional (Depen), existen un 65% más de presos que de plazas. Y, para colmo, se calcula que 20.000 reos permanecen en prisión después de haber cumplido su condena, a veces por la tediosa lentitud de la justicia; otras, por simple desconocimiento. El sistema está “al borde del colapso”; y quien así lo definió fue el propio presidente del Tribunal Supremo brasileño, Cezar Peluso, en 2011.
Los testimonios personales en las cárceles brasileñas conforman un catálogo del horror. El hacinamiento es en sí mismo una violación de los derechos humanos, que condena a buena parte de los presos brasileños a dormir en el suelo y, en los casos más extremos, como algunos documentados en el estado de Espíritu Santo, a colgarse del techo cuando no hay más lugar en el suelo. Los presos comen mal y no cuentan con agua caliente, ni se les facilitan objetos básicos como un colchón o el jabón para el baño, según explica la periodista paulistana Fátima Souza, que participó en 2007 en una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el estado del sistema penitenciario. A menudo, los reclusos se enfrentan a las humillaciones constantes por parte de los funcionarios de prisiones; y no sólo los presos sino también sus familiares, que se ven obligados a pasar exhaustivos controles en cada visita. Además, la falta de plazas ha obligado a aglomerar a los presos en comisarías de policía, que no cuentan con las condiciones mínimas para esa función.
“Las prisiones brasileñas se caracterizan por el terror, las torturas, los malos tratos y otras brutales violaciones de los derechos humanos”, según Givanildo Manuel, fundador de la asociación de derechos humanos Tribunal Popular. Un subcomité de la ONU le dio la razón el pasado septiembre cuando, tras visitar el país, constató la práctica generalizada de las torturas en comisarías y cárceles de todo el país.
El resultado es una situación al límite que alimenta la violencia y los abusos y fomenta motines y fugas. Además, la degradación de las condiciones de vida en las prisiones ha contribuido a convertir las cárceles en una eficaz escuela del crimen que transforma a un sujeto cualquiera, que cumple condena por cargar estupefacientes o por un delito menor contra el patrimonio, en un verdadero criminal. No es de extrañar que Brasil tenga un altísimo índice de reincidencia –el 70%, según el Depen – y que el crimen organizado se haya hecho fuerte dentro de las cárceles, donde se yerguen como protectores de los reos en la reivindicación de sus derechos. El éxito del Primeiro Comando da Capital (PCC), que nació en las cárceles a primeros de los años 90 y hoy controla el crimen en el estado de São Paulo, el más rico y poblado del país, es el mejor ejemplo de ello.
Los expertos cuestionan el uso abusivo de la privación de libertad desde tiempos de Michel Foucault. Además de haber demostrado su poco éxito para la reinserción, el sistema es caro: según cálculos del diario Folha de São Paulo, cada nueva plaza penitenciaria cuesta unos 47.500 reales (unos 27.500 dólares). Un dinero que, en opinión de expertos como el abogado penalista Fernando Ponçano Alves da Silva, “podría utilizarse para desarrollar programas alternativos que han demostrado ser mucho más eficientes”.
